Por: Alas y Raíces. 11/06/2025
Presentación
Cambio cultural del adultocentrismo al paradigma del sujeto de derechos
Ricardo Bucio Mújica
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (en adelante, NNA)
representa uno de los principales retos en la agenda pública del país y, aunque se han
logrado importantes avances en el reconocimiento y acceso de sus derechos
humanos, nos enfrenta a una nueva categoría de reconocimiento como personas
titulares de derechos, lo cual nos obliga a detonar transformaciones en la realidad
social, en la forma de concebir a la niñez y adolescencia, y en las políticas públicas
dirigidas a esta población.
Durante siglos las NNA han sido considerados únicamente como un renuevo de la
estructura social donde su valor es determinado por su pertenencia a una familia y
como tal, han sido excluidos como titulares de derechos individuales. En términos
generales, han sido histórica y sistemáticamente ignorados por ser considerados
propiedad de personas adultas que deciden discrecionalmente por ellas y ellos.
En esta lógica de enfrentamiento a las relaciones desiguales de poder y el
reconocimiento de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad, se
impulsan los derechos de este grupo etario que enfrenta no sólo a la jerarquía
patriarcal si no a la del adultocentrismo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) abrió el paso a una nueva
concepción de derechos pues, a partir de ese momento, se ampliaron y adquirieron universalidad. Esto significó un gran cambio que, además, influyó en que
posteriormente se lograra un acuerdo específicamente pensado en los niños y en las
niñas, como ocurrió en 1989 a través de la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN).
Gradualmente se fue observando un aumento en la preocupación por las NNA al
reconocer que tienen intereses jurídicamente protegidos pero diferentes a los de sus
madres, padres, tutores u otras personas adultas. La CDN y otros instrumentos
internacionales en la materia, contribuyeron al comienzo de un cambio de paradigma
y a la conceptualización institucional dada a la niñez y a la adolescencia.
En este sentido, el enfoque de derechos humanos coloca en el centro de la agenda la
institucionalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el flujo de las
políticas públicas, y establece que, sin la participación y contribución de este grupo
etario como personas activas de la política pública, es imposible construir sociedades
democráticas e igualitarias. Este es el paradigma de la CDN: un cambio cultural donde
la niñez y adolescencia sean la base, el centro y la brújula de un país garante de sus
derechos.
Este cambio implica que toda la sociedad transforme los elementos culturales que han
facilitado la falta de protección y vulneración sistemática de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Dichos elementos se sustentan en percepciones sociales que
perpetúan la creencia de que las personas en el primer periodo de su vida sean
consideradas propiedad de los adultos, y los sometan a la jerarquía patriarcal y al
adultocentrismo, a través de prácticas sociales, comunitarias, familiares y educativas
validadas por relaciones desiguales de poder.
En la concepción adultocéntrica, la niñez y adolescencia es el espacio de la otredad,
que implica la exclusión en distintas esferas de la vida social (cultural, económica,
estética, política, etc.), que determina una condición de subordinación, que excluye sistemáticamente el pensamiento y la experiencia de los niños, los descalifica y
silencia, y repercute en el cumplimiento de sus derechos.
En las sociedades actuales, la concepción adultocéntrica sobre la niñez está
institucionalizada en las familias, las escuelas y las comunidades, así como en el
quehacer cotidiano de las dependencias públicas encargadas de la instrumentación de
las políticas públicas. De esta forma, cada una de estas instancias se convierte en el
aparato moderno de reproducción de saberes que legitiman prácticas y ejercicios
cotidianos de ser, estar e interpretar (en) el mundo.
Este cambio cultural debe contener dos ejes, uno institucional y otro que corresponde
a cambios sociales que invita a internalizar nuevas concepciones y actitudes en las
personas.
En el primer eje, el institucional, México como país ha tenido avances en la materia.
Se reformó en el 2011 el artículo 4° constitucional, introduciendo el principio
del interés superior de la niñez, e impulsando la creación de leyes de protección a los
derechos. Derivado de esto, en el mismo año se publica la Ley para la protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se fundamenta en el párrafo sexto
del artículo 4° constitucional, siendo de observancia general en todo el país, y tiene
por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, implicando la oportunidad
de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de
igualdad. Con todo ello, se instala en la agenda pública el tema de protección a la niñez
y adolescencia.
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